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14 años después del 27F: el código sísmico mejoró, los edificios no

En 2010, el Ministerio de Educación instaló módulos metálicos provisorios en escuelas destruidas por el 27F. En 2024, 14 de esos módulos seguían en pie. Ocho de ellos sin ningún plan de inversión.

No es que se haya perdido el expediente. Es que el expediente nunca se abrió.

El mapa del daño que no se cerró

El 27 de febrero de 2010 dañó o destruyó cerca de 4.500 establecimientos educacionales, el 45% de las escuelas en las zonas afectadas. Aproximadamente 1.800 sufrieron daños graves o quedaron demolidos. En las semanas siguientes, el MINEDUC describió el daño: 61% con daños menores, 15% daños moderados, 5% graves.

La respuesta inmediata fue instalar módulos metálicos prefabricados, pensados para durar mientras se reconstruía. Al cierre de 2024, catorce de esos módulos seguían operativos en Biobío, ocho de ellos sin ninguna iniciativa de inversión presentada por sus municipios.

Eso no es una excepción. Es parte de un patrón más largo.

El catastro que el MINEDUC encargó en 2013 encontró que más de 1.700 de los 5.529 establecimientos municipales tenían daños que comprometían entre el 20 y el 40% de su estructura. Un tercio presentaba riesgos adicionales: terrenos irregulares, falta de agua potable, letrinas en vez de baños. Ese catastro tiene trece años. En 2026, estimaciones disponibles señalan que 3.200 establecimientos construidos antes de 1980 todavía no cumplen los estándares sísmicos vigentes, y el 20% del total tiene materiales precarios: adobe, albanilería simple, madera.

El 14 de julio de 2026, el techo de un módulo escolar en Punta de Parra, Tomé, se desprendió casi completamente con el viento. Lo habían inaugurado en marzo, cuatro meses antes, en respuesta a los incendios forestales. Cuatro meses de vida útil. Los módulos post-27F llevan catorce años.

Cinco revisiones al código, misma deuda estructural

Desde 1972, Chile ha actualizado su norma sísmica, la NCh433, cinco veces. La revisión de 1996 llegó después del terremoto de Antofagasta. El DS61 de 2011 vino después del 27F. La NCh433:2026 se publicó este año. Cada catástrofe produce su actualización. El ciclo es predecible.

El problema técnico de ese ciclo es el siguiente: ninguna actualización de una norma de diseño aplica retroactivamente a los edificios que ya están construidos.

La NCh433:2026 representa un avance técnico real para los establecimientos que se construirán a partir de ahora. Bajo esta norma, las escuelas son Categoría III: se diseñan con un 40% más de fuerza sísmica que una vivienda común. Es un estándar exigente, y corresponde reconocerlo. Para los 3.200 establecimientos pre-1980 que no cumplen el estándar anterior, publicar una nueva edición del código no mueve un ladrillo.

¿El mecanismo? Una norma de diseño solo habla con el hormigón que todavía no se ha vaciado.

Lo que dice el modelo

Para este artículo construí Deriva-Escolar, un simulador de respuesta estructural para tipologías de edificios escolares chilenos. El modelo aplica integración de Newmark-beta sobre pórticos con masa concentrada y un acelerograma sintético calibrado a las características del Maule 2010: PGA de 0,45g, filtrado en la banda 0,15-5 Hz.

Los resultados, por tipología constructiva:

El modelo es una aproximación simplificada, no un peritaje estructural. Un edificio real tiene irregularidades en planta y altura, interacción suelo-estructura y disposición de muros de corte que este modelo no captura. Pero el patrón que arroja coincide con lo que la ingeniería estructural chilena documentó después del 27F: los edificios con criterio de diseño pre-1985 alcanzan las derivas más altas bajo excitación sísmica severa. El código tiene historia, y esa historia está en los muros.

La inversión que no llega

En mayo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast recortó más de $197.700 millones en educación. El SLEP Valparaíso perdió más de $21.500 millones. Fue el mismo año en que se publicó la quinta revisión de la NCh433.

La norma exige más. El presupuesto entrega menos. Los módulos de Biobío siguen ahí.

El patrón tiene una lógica clara: actualizar una norma sísmica es barato. Requiere revisión técnica y publicación en el Diario Oficial. Actualizar el stock físico de miles de establecimientos cuesta mucho, demora más que un ciclo electoral y no tiene foto de inauguración. No tiene corte de cinta.

Actualizar el código cuesta poco. Actualizar los edificios cuesta mucho y rinde fuera del ciclo electoral. No es una paradoja. Es una decisión.